El Parlamento de la UE allana el camino para centros de detención de migrantes offshore: una encrucijada continental.
La inversión social es una obligación básica. Cada euro gastado en externalizar fronteras es un euro que no se invierte en integrar a los recién llegados que podrían cubrir déficits laborales, o en fortalecer los servicios públicos para todos los ciudadanos. Los gobiernos deben demostrar cómo esta política mejora, en lugar de perjudicar, la sanidad universal, la educación y la vivienda.
Las libertades civiles son innegociables. Cualquier política que corra el riesgo de crear vacíos legales, donde se suspendan el debido proceso y la dignidad humana, debe ser rigurosamente cuestionada. El estándar es claro: la seguridad debe lograrse dentro de los límites del estado de derecho y los derechos fundamentales, no eludiéndolos.